Con la excusa del Estado de Derecho, Alberto Fernández busca inaugurar una práctica deleznable: condenar a alguien por el contenido de sus mensajes privados

Borges decía que, dado que el universo es infinito, podemos seguir cayendo infinitamente. Alberto Fernández está dispuesto a poner el cuerpo a esa ironía. No para de caer. Primero, recurrió a la cadena nacional para denunciar una reunión de varios jueces, un espía, dos ejecutivos de Clarín y dos funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, de la que, como él reconoció en ese momento, se enteró por medios clandestinos. En menos de una quincena anunció que no acataría un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días está combinando ambas desviaciones: se sirve del espionaje irregular para promover el juicio político del máximo tribunal del país, empezando por su presidente, Horacio Rosatti. Fernández ya es un malabarista de la ilegalidad: pretende inaugurar una práctica aberrante que es la de condenar a alguien por el contenido de sus conversaciones privadas. Sería interesante que, mientras avasalla estas prerrogativas, Fernández tuviera la caballerosidad de, al menos, poner a disposición del público el contenido de su teléfono. Lo más insólito de todo: él consagra estos atropellos en nombre del Estado de Derecho.

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